Esta semana la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre el que se basará el debate que tiene que conducir a la nueva normativa de fitosanitarios. Este proceso va a llevar previsiblemente a un aumento significativo de las sustancias químicas prohibidas.

Ante esta situación, organizaciones agrarias ya han mostrado su preocupación. AVA-Asaja, por ejemplo, ha emitido un comunicado en el que advierte de lo que a sus ojos va a ser un tremendo error porque no va a permitir luchar eficientemente contra las plagas. Esto es lo que dicen: la economía valenciana tendría que afrontar a medio plazo la pérdida del 74% de la producción citrícola, de entre el 60 y el 70% de la horticola o del 68% de la de frutales de pepita. Sólo los daños ocasionados en el cultivo de naranjas, mandarinas y limones se cifrarían en 740,5 millones de euros y en 13,2 millones de jornales cada año, lo que es como decir que desaparecerían más de 55.000 empleos.

La organización va más allá afirmando que la pérdida de las cosechas y de los empleos en el medio rural que conllevará aplicar este despropósito de norma acelerará el proceso de despoblamiento que ya padecemos en estas zonas pero también provocará graves daños en el ecosistema valenciano.

Por su parte, la industria fitosanitaria cree que la reforma planteada es necesaria y no tienen una visión tan catastrofista como los agricultores, pero reclaman a las autoridades europeas que los criterios para la inclusión o exclusión de sustancias sean únicamente de base científica. En ese sentido, recuerdan que la seguridad de una sustancia depende del uso que de ella se haga y no solo de sus características intrínsecas.

Fuentes: Agrocope y Agroinformación.

Fotografía: Koshy Koshy