La Confederación Europea de Asociaciones de Empresas de Control de Plagas (CEPA) ha hecho un llamamiento a los legisladores europeos para tomar medidas frente a los riesgos de la venta de biocidas por internet. Este nuevo canal de venta escapa al control de la, cada vez más estricta, legislación europea para la autorización, distribución, venta y aplicación de biocidas por profesionales autorizados.
Con el fin de garantizar el uso seguro de los biocidas, los legisladores europeos han introducido condiciones cada vez más estrictas para su autorización, distribución, venta y aplicación por profesionales autorizados.
Sin embargo, la tecnología cibernética ha dado lugar a nuevos sistemas de distribución, que parecen estar fuera del control legal. Con la llegada de las ventas on-line, organizar el control de la calidad y seguridad de los productos se ha convertido en un verdadero reto.
Todas las medidas aprobadas por los legisladores europeos para garantizar el uso seguro de los biocidas resultan inefectivas si cualquier persona puede comprar este tipo de productos en internet y utilizarlos sin ningún tipo de formación o supervisión.
Según publica CEPA, cada vez más páginas web se están dedicando a la venta de biocidas, con la aparición de dos riesgos graves: la distribución y venta de productos falsos y/o mal etiquetados, así como la distribución y venta al público en general de productos destinados sólo para uso profesional.
La CEPA, en nombre de sus miembros, considera que esta práctica es contraria a los objetivos que llevaron a la adopción del Reglamento 528/2012 relativo a los biocidas y supone un grave riesgo para los ciudadanos europeos y el medio ambiente en el que que viven.
Ante esta situación, la CEPA ha hecho un llamamiento a los legisladores europeos para que consideren tomar medidas para proteger a la población frente a los riesgos del acceso y uso no controlado de los biocidas.
La organización considera que durante el transporte deberian aplicarse controles aduaneros más estrictos, así como medidas para facilitar y agilizar los procedimientos penales contra los infractores.
Fuente: CEPA