Aunque las normas de seguridad alimentaria y etiquetado de la UE se encuentran entre las más estrictas del mundo, el número de controles alimentarios y los recursos asignados a ellos están disminuyendo preocupantemente en toda Europa. A esta conclusión llega la Organización Europea de Consumidores en su informe "Mantener los alimentos bajo control".
La responsabilidad legal de cumplir con las leyes de seguridad alimentaria y etiquetado en la UE recae sobre los operadores de empresas alimentarias, desde productores primarios y procesadores hasta transportistas y minoristas.
Sin embargo, los Estados Miembros tienen también un papel y una responsabilidad fundamental en la aplicación de la legislación de la UE a través de los llamados "controles oficiales". Y, a su vez, la Comisión Europea tiene el deber esencial de garantizar, mediante auditorías, que los Estados miembros lleven a cabo controles oficiales de acuerdo con los requisitos de la UE.
La legislación europea en esta materia, el Reglamento (CE) 882/2004 que se revisó en 2017 y el nuevo Reglamento de controles oficiales (UE) 2017/625, que se aplicará a partir del 14 de diciembre de 2019, requiere que los Estados miembros asignen recursos financieros adecuados para realizar los controles oficiales. Pero, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) alerta de una tendencia a la baja en los recursos y en el número total de inspecciones realizadas por los Estados Miembros.
En el informe "Mantener los alimentos bajo control", la BEUC publica las conclusiones extraidas tras analizar durante un período de varios años la información presentada por los Estados Miembros anualmente a la Comisión Europea sobre sus actividades de control. Sin ser un estudio exhaustivo, intenta identificar las tendencias generales.
Este informe describe las siguientes tendencias:
- La presentación de informes sobre las actividades de control de alimentos es inconsistente, puede variar significativamente entre los Estados Miembros e incluso dentro del mismo Estado Miembro, de un año a otro. Además, algunos países no publican datos de años anteriores, lo que limita la posibilidad de identificar tendencias a largo plazo.
- Hay una tendencia decreciente en los recursos y en el número total de inspecciones realizadas por los Estados miembros.
- Los controles en sectores con un impacto potencialmente mayor en la seguridad alimentaria también están disminuyendo significativamente en algunos Estados Miembros. Por ejemplo, los alimentos de origen animal requieren atención especial durante todas las etapas de producción y suministro para evitar la contaminación y la posible intoxicación del consumidor. Sin embargo, el número de controles oficiales realizados en dichos establecimientos para garantizar el cumplimiento de altos estándares de higiene se ha reducido drásticamente en los últimos años. Por lo tanto, según la BEUC, probablemente no sea coincidencia que los escándalos de fraude y de seguridad alimentaria relacionados con estos productos vayan apareciendo en los titulares.
- Las verificaciones del etiquetado tienen una prioridad insuficiente. Los controles en el área de etiquetado a menudo se descuidan y el número de controles ha sufrido reducciones severas en algunos países.
Con raras excepciones, el hilo conductor de los informes anuales de los Estados miembros que ha analizado la BEUC es la falta de recursos que poseen las autoridades nacionales para el desempeño de sus funciones en cuanto a los controles oficiales y la preocupación de que un incremento en la reducción de recursos pueda afectar a la aclidad de los controles y a la capacidad de responder a emergencias.
Recorte de recursos en España
España no es una excepción en el recorte generalizado de recursos destinados a los controles oficiales. Entre 2010 y 2017 la cantidad de empleados responsables de realizar controles oficiales se redujeron de 6.318 en 2010 a 5.863 en 2017.
Esta reducción del 7,2% en los recursos humanos se reflejó en el número de inspecciones realizadas en los establecimientos de alimentos, que vieron una caída del 8,6% en el mismo período. El número total de establecimientos alimentarios en España aumentó durante ese mismo período, ejerciendo una presión aún mayor sobre los reducidos recursos.
Mientras que en 2012 cada establecimiento de alimentos fue inspeccionado al menos una vez al año, en 2017 solo se inspeccionaron 8 de cada 10 establecimientos (a pesar de un aumento en el número de controles oficiales realizados en los establecimientos alimentarios en comparación con 2016).
