El Congreso de los Diputados debatió el pasado 18 de junio un polémico proyecto de Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria. Una ley que tiene por objetivo unificar la regulación estatal en materia de control de la calidad alimentaria y establecer una Unidad de Mercado, en la que los operadores sólo tengan que cumplir una única regulación igual en todas las Comunidades Autónomas.
Simplificar los mecanismos de control de la calidad
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, insistió en el Congreso en la importancia y necesidad de esta nueva ley, dado que la actual normativa estatal que regula la calidad alimentaria y el procedimiento sancionador correspondiente está contenida en un Real Decreto que data de 1983.
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Al no haber sido actualizado, este RD no se está aplicando en 8 Comunidades Autónomas (Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y el País Vasco), que han aprobado sus correspondientes leyes de calidad.
Según Tejerina, esta situación produce trabas a la unidad de mercado y causa graves disfunciones en la aplicación de los procedimientos de control de la calidad y del régimen sancionador entre Comunidades Autónomas, lo que se traduce en mayores costes, menor eficiencia de los operadores y dificultades para garantizar la calidad alimentaria.
El proyecto de ley
El Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno contempla tres ejes centrales:
- Ordenar el sistema de inspecciones y controles en todas las etapas de la cadena de suministros. Con esto se busca favorecer la competitividad de las empresas mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad comercial de los productos alimentarios. Se refuerza el control por las autoridades competentes y, al mismo tiempo, se da mayor capacidad de actuar al operador en el ámbito de la autorregulación, todo bajo criterios comunes de control oficial de la calidad.
- Homogeneizar y actualizar el régimen sancionador, con unas normas básicas que establecen qué hechos son infracciones leves, graves y muy graves, y se define la cuantía de las sanciones.
- Establecer marcos de colaboración estable y sistemas para el intercambio rápido de información entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. Con esto se busca coordinar actuaciones y armonizar la interpretación de la normativa.
El texto es de aplicación en distintas etapas de la cadena de suministro, desde la explotación a los almacenes de logística, afecta a materias primas o ingredientes, y a los procesos de obtención, presentación y etiquetado de venta al público del alimento.
Según la ministra, la nueva ley haría posible defender más eficazmente los intereses de los consumidores y potenciar la garantía de calidad de los productos de la industria agroalimentaria española en los mercados exteriores.
Los partidos de la oposición, sin embargo, presentaron enmiendas a la futura Ley y CiU, ERC y PNV solicitaron la devolución del proyecto legislativo al Gobierno. Entre sus críticas, manifestaron que la nueva ley es un intento del Gobierno de centralizar competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria
Enmiendas al Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria
