Avanzando hacia el objetivo fijado por la Unión Europea de eliminar el amianto de los edificios o infraestructuras de carácter público antes del año 2028 y de erradicarlo completamente antes del año 2032, el Govern ha aprobado el proyecto de Ley que permitirá abordar de manera integral y acelerar la retirada de este material cancerígeno tan ampliamente distribuido.

Amianto en Catalunya

La exposición a las fibras de amianto es uno de los principales problemas de salud pública, laboral y medioambiental que afronta Catalunya. 

Según datos del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), en el territorio catalán hay  identificadas más de 120.000 cubiertas de fibrocemento con amianto, que suponen una superficie de casi 40 km² y un peso de unas 700.000 toneladas. 

En 2022, el ICGC inició un mapa del censo de cubiertas de fibrocemento de Catalunya (mediante imágenes aéreas e inteligencia artificial), que puede consultarse online. Según los datos de este mapa, que todavía está incompleto, en prácticamente todos los municipios de Catalunya (945 de 947) se ha detectado fibrocemento, ya sea en cubiertas o en otras partes de los edificios, siendo Barcelona, Terrassa y Sabadell los tres municipios con mayor cantidad de placas.

A todas estas toneladas de placas de fibrocemento hay que sumar muchos otros elementos fabricados con este materal, como depósitos, bajantes, etc. y también miles de toneladas de otros materiales que contienen amianto y que pueden encontrarse en edificios, infraestructuras y equipos antiguos.

Acciones contra el amianto

Dado que inhalar este material puede provocar enfermedades como el cáncer de pulmón y de laringe, asbestosis o mesotelioma maligno, la normativa europea fija como objetivo la retirada segura del amianto de todos los edificios públicos antes de 2028 y del conjunto de la Unión en 2032.

Desde finales de 2019, Catalunya ha realizado acciones para avanzar hacia este objetivo.

Primero con la creación de la Comisión para la erradicación del amianto (2019) y del Programa temporal para el despliegue y la implementación de la estrategia de erradicación del amianto en Catalunya (2022), después con la aprobación del  "Plan nacional para la erradicación del amianto en Catalunya 2023-2032" (2023), y finalmente con la elaboración de un Proyecto de Ley para la erradicación del amianto en Catalunya, que ha sido aprobado recientemente por el gobierno catalán.

Ley para la erradicación del amianto en Catalunya

Se trata de una ley pionera, que permitirá disponer de un único marco normativo para abordar de manera integral y para acelerar la retirada de este material, y que será debatida y aprobada por el Parlament a lo largo de 2025.

La nueva normativa evitará que la regulación del amianto esté, como hasta ahora, repartida en diversa normativa sectorial como la de trabajo, salud o medio ambiente.

Para ello, se prevé mantener la Comisión para la Erradicación del Amianto en Cataluña como órgano participativo que debe reunir a todas las instituciones y agentes afectados y facilitar su coordinación y cooperación. A la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) se le asignarán las funciones ejecutivas e instrumentales en relación con las actuaciones que se deben realizar.

Por otra parte, se prevé la colaboración entre la Generalitat y el resto de administraciones públicas catalanas, especialmente los ayuntamientos, empresas, profesionales y ciudadanía para garantizar una actuación conjunta en la gestión y retirada del material.

Los principales objetivos de la nueva normativa son:

• Luchar contra los efectos nocivos que el amianto produce sobre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.
   

• Facilitar la detección y localización de los materiales que contienen amianto.
   

• Garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía en la gestión y retirada del amianto.
   

• Fomentar la coordinación y la cooperación entre todas las administraciones públicas para acelerar al máximo la retirada del amianto y para garantizar que se efectúa dentro de los plazos legalmente establecidos.
   

• Promover la información y la sensibilización entre la ciudadanía y las personas trabajadoras sobre los efectos nocivos del amianto y la necesidad de realizar una gestión adecuada y acelerar su erradicación y retirada.